El Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la
división de poderes, la preservación de la libertad a pesar de que las urnas
otorguen mayorías absolutas, el encadenamiento del Poder al ordenamiento
constitucional para que la democracia continúe… En eso creo y entiendo que haya
juristas, agentes de las fuerzas de seguridad y parlamentarios que estén
dispuestos a morir por la libertad del Pueblo.
Yo defendí que los congresistas de Herri Batasuna, en
1990, pudieran ser congresistas sin jurar la constitución. Lo hice por razones
meramente constitucionales.
Defiendo que Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo,
aunque no haya pasado a recoger su acta en España. Si un mero trámite afecta o
no al mandato del Pueblo es una cuestión que afecta a la filosofía del Derecho.
Pero me parece claro que el ser representante de una parte de la población es lo
que constituye la realidad de ser parlamentario, y no un cualquier detalle formalista
que no afecta a la esencia de lo que significa ser representante del Pueblo.
Por razones constitucionales, defiendo la libertad de
expresión para los que quieran convencer a los demás de que una parte del
territorio español debe independizarse. Es un tema que se puede lícitamente
debatir y que, por tanto, debe estar amparado por el derecho de expresión. Por razones
constitucionales se debe amparar la libertad de expresión de los que no están
de acuerdo con la constitución.
Podría seguir desgranando sentencias y cuestiones en
las que estoy a favor de los derechos de aquellos que piensan radicalmente
distinto de lo que pienso, o de la mayoría. Hay que defender los legítimos
derechos de los individuos malos. Es decir, incluso los asesinos, los terroristas, los ladrones merecen el beneficio de la Ley, el amparo de la Justicia.
Defiendo el derecho de Rufián (Ezquerra Republicana) a
usar su turno de palabra para hablar con el tono con el que habla, un tono que
resulta muy difícil de sufrir. Pero nos guste o no, él es la voz de los que le
han votado.
Ahora bien, fue gravísimo
que el que presidía el congreso hace pocos días echara de la tribuna a una
congresista por llamar “filoetarras” a algunas personas.
Ese calificativo será verdad o no, esa no es la
cuestión. Lo que está fuera de duda es que ella tenía derecho a expresar lo que
pensaba acerca de si eran filoetarras o no.
La función de la presidencia de la cámara no es la de
hacer de policía del pensamiento, tampoco la de decidir qué está bien y qué
está mal. Ese episodio fue inaceptable y ocurrió a la vista de todos. Pero lo
que es más triste, ocurrió en el mismo espacio donde la libertad de expresión debe
ser salvaguardada como en ningún otro lugar.
Con tono profético, sin temor a equivocarme, puedo
preguntar en voz alta: ¿Mañana qué es lo que se prohibirá decir en el congreso?
¿Qué nuevas limitaciones sufriremos bajo pena de que se desconecte el micrófono
y se nos haga bajar a la fuerza de la tribuna de oradores? Mañana será la
expulsión de la tribuna; pasado mañana será la imposibilidad de presentarse a
las elecciones.
Lo de hace pocos días fue una violación constitucional
ante los ojos de todos los españoles. No sería preocupante si todo lo demás
estuviera bien. Pero en el contexto de un asalto al Consejo del Poder Judicial,
de aprobación de leyes inconstitucionales, de colocación de políticos en
puestos claves de la judicatura, etc., etc., sí que es preocupante.
Lo de hace pocos días fue especialmente duro, porque
se trata de un salto cualitativo. Si no se defienden derechos tan esenciales para
la democracia, ¿qué podemos esperar los simples ciudadanos?
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Por si os interesa, he subido un vídeo sobre la depresión a mi canal.
https://www.youtube.com/watch?v=-E-0deTIjMk