La carta de algunos sacerdotes y diáconos catalanes

Me gustaría hacer algunos comentarios a varios párrafos de la llamada “Carta abierta de sacerdotes y diáconos catalanes a sus hermanos en el ministerio y a los obispos de España” que han firmado trescientos sacerdotes y diáconos catalanes. En azul pongo el texto de la carta, y en negro mi comentario. Y, de verdad, que intentaré ser lo más mesurado y ecuánime posible en mis glosas.

CARTA: Queridos hermanos en Cristo, os deseamos la paz y la gracia del Señor.

Un grupo numeroso de sacerdotes y diáconos catalanes nos dirigimos a todos vosotros con motivo del procés que se está viviendo en Cataluña. A todos nos duele constatar que las relaciones mutuas que se están dando entre cristianos y entre comunidades «de aquí y de allí», y los sentimientos recíprocos que expresamos, no son en muchos momentos lo que deberían ser sentimientos propios de hermanos en la fe.

La expresión de comunidades “de aquí y de allí” puede resultar engañosa. En las últimas elecciones, el independentismo logró el 47,5% de los votos. Los que querían permanecer en España lograron el 43,5%.

CARTA: Nos hemos preguntado muchas veces cuál debe ser nuestra posición. Y os pedimos a vosotros, hermanos sacerdotes, diáconos y obispos, que nos acompañéis en esta búsqueda.

La posición del clero debe ser la de no inmiscuirse en cuestiones opinables, en temas políticos.

Muy diferente es responder a la cuestión moral, a la cuestión teórica acerca de si la unidad de una nación es un bien moral. Esa sí que es una cuestión moral.

También hay que distinguir que no es lo mismo que a una nación invadida se le dé la posibilidad de la autodeterminación, que el supuesto derecho a que una región que conforma una unidad sin violencia pueda iniciar un proceso de secesión.

Estemos o no de acuerdo con el procés, es un hecho diferente el derecho de autodeterminación frente al supuesto derecho a la secesión. Jurídicamente siempre ha recibido un tratamiento distinto en los tratados de Derecho.

CARTA: Puede parecer fuera de lugar aludir a nuestra historia en la guerra civil de 1936, pero creemos que no. En aquel momento, la mayor parte de la Iglesia española se inclinó por una opción determinada, condicionada en buena medida por la persecución religiosa.

Me podría remitir con abundancia de datos a la enciclopédica monografía de Luís Suárez, Franco y la Iglesia. Honestamente, sin ánimo partidista, después de haber revisado los datos ofrecidos por varias obras, considero que la mayor parte de la iglesia catalana y vasca apoyaron al régimen victorioso en 1939.

CARTA: Pasada la terrible guerra y los años de posguerra, la Iglesia ha tenido que reconocer que aquella decisión fue un error histórico.

No es ajustado a la verdad afirmar que la Iglesia ha reconocido eso. Esa frase es muy llamativa.

No solo eso, sino que he podido ponderar cómo el clero de España ha cambiado de opinión frente a lo que pensaba en los años 70, durante los años de “pensamiento progresista”, frente a lo que piensa ahora. El revisionismo ha sido claro. La Ley de Memoria Histórica ha provocado una amplia reacción en el clero.

CARTA: Parece claro que una de las primeras actitudes necesarias es la convicción de que el único camino positivo es el diálogo.

Estoy totalmente de acuerdo. La mitad de los catalanes es independentista; la otra mitad, no. Es necesario dialogar. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, siguen vigentes las leyes. No hay una situación de indeterminación si se rompe el diálogo.

CARTA: Así lo han expresado diversas personalidades tanto del ámbito civil y político como del eclesiástico. Recordemos la toma de posición del presidente de la CEE, D. Ricardo Blázquez: «En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y a la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia» (declaraciones del 23-11-2017).

Sería justo citar las varias declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal acerca de la unidad de España como un bien moral y la última sobre el procés, porque monseñor Blázquez siempre ha estado de acuerdo con esos documentos. Citar solo una declaración fragmentaria no refleja su pensamiento.

CARTA: No es aceptable pretender resolver un problema social tan complejo a base de la fuerza policial o del derecho penal.

En una carta que pretende ser un llamamiento al diálogo, ¿no es esto una toma de posición? En una carta en la que los pastores deben mantenerse neutrales, ¿no es esto una imposición de la propia postura?

¿No es aceptable el imperio de la Ley? ¿Entonces qué es lo aceptable?

CARTA: El diálogo supone y exige actitudes serenas, no agresivas, dispuestas a escuchar a la otra parte y a valorar sus posiciones.

Cierto, pero si no se llega a un acuerdo, sigue vigente la Ley.

CARTA: Está a punto de iniciarse un juicio penal contra muchos líderes políticos y sociales catalanes. Esta situación tiene una gravedad especial.

Si esta última frase no estuviera inscrita en la carta, se podría entender de forma ambivalente: lo que han cometido los imputados tiene una gravedad especial.

Incluso en Canadá (donde se reconoce la posibilidad de la fragmentación del país) si uno se salta la ley nacional, la ley se aplica de forma automática.

CARTA: Hay personas procesadas y encarceladas por perseguir lo que muchos de nosotros consideramos justo y adecuado a derecho, y que otras personas juzgan y condenan.

Lo que es adecuado a Derecho no está sujeto a la opinión de un grupo de ciudadanos.

CARTA: Al final, incluso después de diálogo y reflexión conjunta fraterna, se deberán tomar decisiones.

La sentencia por contravenir el orden jurídico no está sujeta a la decisión de un grupo de ciudadanos privados. Eso es así y debe ser así. El día en que las sentencias estén sometidas a la reflexión conjunta fraterna dejaremos de estar en un Estado de Derecho.

CARTA: Nuestro espíritu cristiano, formulado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, nos inclina a buscar y aceptar las soluciones justas, que respeten los derechos de Cataluña como se deben respetar los de todos los pueblos, tal y como son descritos, en su contenido y límites, por dicha doctrina social.

Los derechos los tienen las personas físicas y jurídicas que radican en Cataluña, y están marcados, delimitamos y protegidos por la Ley. Los ciudadanos de esa región gozan de los mismos derechos, exactamente los mismos, que el resto de personas sujetas al ordenamiento jurídico vigente en esta nación.

CARTA: Atendamos, pues, más a lo que nos une que a lo que nos separa, no anteponiendo nunca ideologías ni leyes humanas al respeto recíproco y a la verdadera justicia.

La cárcel a los imputados se impuso cuando se pasó del “diálogo” a la imposición de una situación ilegal que afectaba gravemente al orden jurídico del Estado.

Desde la moral católica, no se puede decir que la autoridad del Estado haya realizado ningún acto ilícito al mantener el orden constitucional.