Me gustaría hacer algunos
comentarios a varios párrafos de la llamada “Carta abierta de sacerdotes y
diáconos catalanes a sus hermanos en el ministerio y a los obispos de España”
que han firmado trescientos sacerdotes y diáconos catalanes. En azul pongo el
texto de la carta, y en negro mi comentario. Y, de verdad, que intentaré ser lo más mesurado y ecuánime posible en mis glosas.
CARTA: Queridos hermanos en
Cristo, os deseamos la paz y la gracia del Señor.
Un grupo
numeroso de sacerdotes y diáconos catalanes nos dirigimos a todos vosotros con
motivo del procés que se está viviendo en Cataluña. A todos nos duele constatar
que las relaciones mutuas que se están dando entre cristianos y entre
comunidades «de aquí y de allí», y los sentimientos recíprocos que expresamos,
no son en muchos momentos lo que deberían ser sentimientos propios de hermanos
en la fe.
La expresión de comunidades “de aquí y de allí” puede
resultar engañosa. En las últimas elecciones, el independentismo logró el 47,5%
de los votos. Los que querían permanecer en España lograron el 43,5%.
CARTA: Nos
hemos preguntado muchas veces cuál debe ser nuestra posición. Y os pedimos a
vosotros, hermanos sacerdotes, diáconos y obispos, que nos acompañéis en esta
búsqueda.
La posición del clero debe
ser la de no inmiscuirse en cuestiones opinables, en temas políticos.
Muy diferente es
responder a la cuestión moral, a la cuestión teórica acerca de si la unidad de
una nación es un bien moral. Esa sí que es una cuestión moral.
También hay que
distinguir que no es lo mismo que a una nación invadida se le dé la posibilidad
de la autodeterminación, que el supuesto derecho a que una región que conforma una
unidad sin violencia pueda iniciar un proceso de secesión.
Estemos o no de acuerdo
con el procés, es un hecho diferente
el derecho de autodeterminación frente al supuesto derecho a la secesión. Jurídicamente
siempre ha recibido un tratamiento distinto en los tratados de Derecho.
CARTA: Puede
parecer fuera de lugar aludir a nuestra historia en la guerra civil de 1936,
pero creemos que no. En aquel momento, la
mayor parte de la Iglesia española se inclinó por una opción determinada,
condicionada en buena medida por la persecución religiosa.
Me podría remitir con
abundancia de datos a la enciclopédica monografía de Luís Suárez, Franco y la Iglesia. Honestamente, sin
ánimo partidista, después de haber revisado los datos ofrecidos por varias
obras, considero que la mayor parte de
la iglesia catalana y vasca apoyaron al régimen victorioso en 1939.
CARTA: Pasada
la terrible guerra y los años de posguerra, la Iglesia ha tenido que reconocer
que aquella decisión fue un error
histórico.
No es ajustado a la
verdad afirmar que la Iglesia ha reconocido eso. Esa frase es muy llamativa.
No solo eso, sino que he podido
ponderar cómo el clero de España ha cambiado de opinión frente a lo que pensaba
en los años 70, durante los años de “pensamiento progresista”, frente a lo que piensa
ahora. El revisionismo ha sido claro. La Ley de Memoria Histórica ha provocado
una amplia reacción en el clero.
CARTA: Parece
claro que una de las primeras actitudes necesarias es la convicción de que el
único camino positivo es el diálogo.
Estoy totalmente de acuerdo.
La mitad de los catalanes es independentista; la otra mitad, no. Es necesario
dialogar. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, siguen vigentes las leyes.
No hay una situación de indeterminación si se rompe el diálogo.
CARTA: Así
lo han expresado diversas personalidades tanto del ámbito civil y político como
del eclesiástico. Recordemos la toma de posición del presidente de la CEE, D.
Ricardo Blázquez: «En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto
pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y a la búsqueda del bien común
de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia» (declaraciones del
23-11-2017).
Sería justo citar las
varias declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal acerca de la unidad
de España como un bien moral y la última sobre el procés, porque monseñor Blázquez siempre ha estado de acuerdo con
esos documentos. Citar solo una declaración fragmentaria no refleja su
pensamiento.
CARTA: No
es aceptable pretender resolver un problema social tan complejo a base de la
fuerza policial o del derecho penal.
En una carta que pretende
ser un llamamiento al diálogo, ¿no es esto una toma de posición? En una carta
en la que los pastores deben mantenerse neutrales, ¿no es esto una imposición
de la propia postura?
¿No es aceptable el
imperio de la Ley? ¿Entonces qué es lo aceptable?
CARTA: El diálogo
supone y exige actitudes serenas, no agresivas, dispuestas a escuchar a la otra
parte y a valorar sus posiciones.
Cierto, pero si no se
llega a un acuerdo, sigue vigente la Ley.
CARTA: Está
a punto de iniciarse un juicio penal contra muchos líderes políticos y sociales
catalanes. Esta situación tiene una gravedad especial.
Si esta última frase no
estuviera inscrita en la carta, se podría entender de forma ambivalente: lo que
han cometido los imputados tiene una gravedad especial.
Incluso en Canadá (donde se
reconoce la posibilidad de la fragmentación del país) si uno se salta la ley
nacional, la ley se aplica de forma automática.
CARTA: Hay
personas procesadas y encarceladas por perseguir lo que muchos de nosotros
consideramos justo y adecuado a derecho, y que otras personas juzgan y
condenan.
Lo que es adecuado a
Derecho no está sujeto a la opinión de un grupo de ciudadanos.
CARTA: Al
final, incluso después de diálogo y reflexión conjunta fraterna, se deberán
tomar decisiones.
La sentencia por contravenir el orden jurídico no está sujeta a la decisión de un grupo de ciudadanos privados. Eso es así y debe ser así. El día en que las sentencias estén sometidas a la reflexión conjunta fraterna dejaremos de estar en un Estado de Derecho.
CARTA: Nuestro
espíritu cristiano, formulado en los principios de la doctrina social de la
Iglesia, nos inclina a buscar y aceptar las soluciones justas, que respeten los
derechos de Cataluña como se deben respetar los de todos los pueblos, tal y
como son descritos, en su contenido y límites, por dicha doctrina social.
Los derechos los tienen
las personas físicas y jurídicas que radican en Cataluña, y están marcados,
delimitamos y protegidos por la Ley. Los ciudadanos de esa región gozan de los
mismos derechos, exactamente los mismos, que el resto de personas sujetas al
ordenamiento jurídico vigente en esta nación.
CARTA: Atendamos,
pues, más a lo que nos une que a lo que nos separa, no anteponiendo nunca
ideologías ni leyes humanas al respeto recíproco y a la verdadera justicia.
La cárcel a los imputados
se impuso cuando se pasó del “diálogo” a la imposición de una situación ilegal
que afectaba gravemente al orden jurídico del Estado.
Desde la moral católica,
no se puede decir que la autoridad del Estado haya realizado ningún acto
ilícito al mantener el orden constitucional.
