Orden y desorden: ¿Puede alguien en prisión ser elegido como presidente de una nación?

Me encantan los asuntos de Derecho Constitucional, y Trump ha suscitado una cuestión interesantísima: ¿Puede ser escogido como presidente de Estados Unidos alguien que haya sido condenado a prisión y esté cumpliendo su pena?

Casi todos los expertos en Derecho coinciden en que, en ese país, la elección como presidente anularía la pena. No voy a entrar en los detalles, pero el hecho esencial es que el Tribunal Supremo, en el pasado, ya determinó que para ser presidente solo son necesarios los requisitos que aparecen en la constitución, sin que ni siquiera el congreso pueda añadir más. En ese país, ateniéndose a la letra de la constitución, se puede presentar (ya hay varios precedentes) y el sistema legal no debería haber dejado que se presentaran si, de hecho, no hubieran podido ejercer.

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Ahora bien, en otro país en el que la ley no dijera nada, alguien que está en prisión, condenado, ¿puede salir de la cárcel si es elegido como presidente?

Este asunto es muy interesante y lo que voy a decir ya nada tiene que ver con el caso concreto de Trump. Si miramos otros países, el mismo criterio de prevalencia del mandato popular valdría para exonerar a un presidente de una comunidad autónoma o a un alcalde, o a alguien que gana un escaño como congresista o como senador. ¿Qué prevalece: la elección del pueblo o la obligación de cumplir una pena?

Démonos cuenta de que alguien puede ser condenado, por asesinato, a diez años justo el día antes de las elecciones. La elección es válida, de eso no hay duda, pero ¿debe considerársele inhábil en ese caso? ¿Prevalece una razón superior?

En mi opinión, yendo al fondo del asunto, a la mismísima esencia del problema, debe prevalecer la perfecta autoridad de cada poder constitucional. Es decir, nada debe poder torcer el imperio de la ley. De manera que si el poder judicial ha condenado a alguien, no debería haber otro poder en la nación que pueda hacer excepción con una sentencia. En todos los países, los indultos siempre han sido una trampa del poder ejecutivo, una treta, una puerta trasera de escape, una trampilla oculta bajo la alfombra del respeto a la independencia de la justicia.

Una sentencia judicial podría darse antes de la campaña electoral, justo antes de la elección o, incluso, después de las elecciones. Al igual que un enfermo o alguien en paradero desconocido, un condenado a prisión no está en condiciones de asumir el cargo porque le falta libertad, porque ni siquiera un juez por su sola voluntad puede sacarle de la prisión. Y la libertad es requisito necesario para ejercer el cargo, y el condenado no lo tiene.

El fondo de la cuestión es que prevalece la autoridad del estamento judicial frente a la voluntad del pueblo. De lo contrario, se podría indultar a alguien a través de un plebiscito. ¿Por qué no si el criterio sería el mismo? El mandato del pueblo.

La ley debe ser la expresión de la razón. ¿Por encima de la sentencia que proviene de un juicio justo, en el que se ha escuchado a las dos partes, en el que se ha probado el hecho delictivo, debe estar la voluntad del pueblo? ¿El pueblo puede decidir que no le importa el delito? No olvidemos que una condena puede ser por motivos muy graves: justo antes de tomar posesión del cargo, alguien puede ser condenado por conspiración para subvertir el orden constitucional, por asesinato de varios oponentes políticos, por confabulación con una potencia extranjera. Puede haber una sentencia judicial que viene unida a nuevas revelaciones de la policía que aparecen dos días antes de ser investido.

La autoridad judicial siempre será, hablando en general, más adecuada para juzgar la verdad o no de las acusaciones. El pueblo será más manipulable. Por eso debe prevalecer el veredicto del juez y no la sentencia del pueblo. El pueblo nunca es adecuado para hacer justicia. En una democracia no existen tribunales populares. En una democracia solo pueden juzgar los cualificados por el orden constitucional para emitir sentencias. El resto no puede. El juez de una pequeña ciudad puede emitir sentencia contra el parecer de todos sus conciudadanos. El juez puede declarar inocente incluso al acusado que se declara culpable hasta el final. La labor de un juez es magna, impresionante, grandiosa, nobilísima. No, un condenado a prisión no debería ser presidente en ningún sistema basado en la razón.