Me encantan los asuntos
de Derecho Constitucional, y Trump ha suscitado una cuestión interesantísima:
¿Puede ser escogido como presidente de Estados Unidos alguien que haya sido
condenado a prisión y esté cumpliendo su pena?
Casi todos los expertos
en Derecho coinciden en que, en ese país, la elección como presidente anularía
la pena. No voy a entrar en los detalles, pero el hecho esencial es que el
Tribunal Supremo, en el pasado, ya determinó que para ser presidente solo son
necesarios los requisitos que aparecen en la constitución, sin que ni siquiera
el congreso pueda añadir más. En ese país, ateniéndose a la letra de la
constitución, se puede presentar (ya hay varios precedentes) y el sistema legal
no debería haber dejado que se presentaran si, de hecho, no hubieran podido
ejercer.
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Ahora bien, en otro país
en el que la ley no dijera nada, alguien que está en prisión, condenado, ¿puede
salir de la cárcel si es elegido como presidente?
Este asunto es muy
interesante y lo que voy a decir ya nada tiene que ver con el caso concreto de
Trump. Si miramos otros países, el mismo criterio de prevalencia del mandato
popular valdría para exonerar a un presidente de una comunidad autónoma o a un
alcalde, o a alguien que gana un escaño como congresista o como senador. ¿Qué
prevalece: la elección del pueblo o la obligación de cumplir una pena?
Démonos cuenta de que
alguien puede ser condenado, por asesinato, a diez años justo el día antes de
las elecciones. La elección es válida, de eso no hay duda, pero ¿debe
considerársele inhábil en ese caso? ¿Prevalece una razón superior?
En mi opinión, yendo al
fondo del asunto, a la mismísima esencia del problema, debe prevalecer la
perfecta autoridad de cada poder constitucional. Es decir, nada debe poder
torcer el imperio de la ley. De manera que si el poder judicial ha condenado a
alguien, no debería haber otro poder en la nación que pueda hacer excepción con
una sentencia. En todos los países, los indultos siempre han sido una trampa
del poder ejecutivo, una treta, una puerta trasera de escape, una trampilla
oculta bajo la alfombra del respeto a la independencia de la justicia.
Una sentencia judicial podría
darse antes de la campaña electoral, justo antes de la elección o, incluso,
después de las elecciones. Al igual que un enfermo o alguien en paradero
desconocido, un condenado a prisión no está en condiciones de asumir el cargo
porque le falta libertad, porque ni siquiera un juez por su sola voluntad puede
sacarle de la prisión. Y la libertad es requisito necesario para ejercer el
cargo, y el condenado no lo tiene.
El fondo de la cuestión
es que prevalece la autoridad del estamento judicial frente a la voluntad del
pueblo. De lo contrario, se podría indultar a alguien a través de un
plebiscito. ¿Por qué no si el criterio sería el mismo? El mandato del pueblo.
La ley debe ser la
expresión de la razón. ¿Por encima de la sentencia que proviene de un juicio
justo, en el que se ha escuchado a las dos partes, en el que se ha probado el
hecho delictivo, debe estar la voluntad del pueblo? ¿El pueblo puede decidir
que no le importa el delito? No olvidemos que una condena puede ser por motivos
muy graves: justo antes de tomar posesión del cargo, alguien puede ser
condenado por conspiración para subvertir el orden constitucional, por asesinato
de varios oponentes políticos, por confabulación con una potencia extranjera. Puede
haber una sentencia judicial que viene unida a nuevas revelaciones de la
policía que aparecen dos días antes de ser investido.
La autoridad judicial siempre
será, hablando en general, más adecuada para juzgar la verdad o no de las
acusaciones. El pueblo será más manipulable. Por eso debe prevalecer el
veredicto del juez y no la sentencia del pueblo. El pueblo nunca es adecuado
para hacer justicia. En una democracia no existen tribunales populares. En una
democracia solo pueden juzgar los cualificados por el orden constitucional para
emitir sentencias. El resto no puede. El juez de una pequeña ciudad puede
emitir sentencia contra el parecer de todos sus conciudadanos. El juez puede
declarar inocente incluso al acusado que se declara culpable hasta el final. La
labor de un juez es magna, impresionante, grandiosa, nobilísima. No, un
condenado a prisión no debería ser presidente en ningún sistema basado en la
razón.
