Cuestiones legales y problemas de conciencia en las diligencias de investigación diocesana de casos de pederastia

Hace poco salió la noticia de que se levantó el secreto pontificio para los casos de pederastia. Esta medida me pareció adecuada. Que algunos clérigos estuvieran obligados a mantener un secreto, mientras la autoridad judicial les exigía la información de la que tuvieran conocimiento, suponía tirar a los caballos a todos los obispos y curiales involucrados en la investigación en su ámbito nacional. Todos los investigadores quedaban incriminados por ocultar ante la ley civil aquello que, por la ley canónica, no podían revelar. Ha sido una buena medida la tomada por el papa.

Ahora bien, esto plantea otro problema jurídico y no, precisamente, menor. Si un fiscal, un juez o la policía pregunta a un culpable, este tiene todo el derecho (en muchos ordenamientos legales) a ocultar aquella información que le incrimine. Es un derecho que le asiste. Y es un derecho muy razonable que sería muy largo explicar aquí por qué casi todos los códigos legales lo han incluido.

Ahora bien, si en una investigación diocesana se le obliga a declarar bajo juramento, el clérigo se sentirá, con razón obligado a decir la verdad ante una investigación de la Santa Madre Iglesia, ante un obispo o su delegado que le pregunta en razón de su autoridad apostólica.

Si no existiera esa autoridad apostólica (que deriva de Cristo) y que obliga en conciencia, el investigado podría (con toda razón) responder que no se meta en su vida. El empleado de Mc Donalds le puede decir a su jefe que si tiene algo contra él que le denuncie en un juzgado. Evidentemente, la relación entre un presbítero y su obispo no es la misma.

El problema viene de que si el presbítero responde al obispo (o su delegado) con el corazón en la mano, lo que le diga puede ser pedido por el juez (es lo normal) y acabará en manos del juez. ¿Cómo el obispo puede pedirle a un sacerdote que le diga toda la verdad si el obispo no puede evitar que sus respuestas acaben en el acta de un tribunal?

La decisión que ha tomado el papa es la adecuada. Ahora bien, esta situación coloca al obispo y su vicario judicial como recopiladores de información del juez civil; el cual, por sistema, siempre pedirá toda la documentación sobre el tema que obre en poder de la diócesis.

Este tema no es ninguna tontería. Resolverlo de una manera u otra significa que alguien pase los últimos años de su vida en una prisión o no. En otros casos, una persona inocente puede tener oculta una información enteramente personal y no delictiva que si se hiciera pública en un juicio supondría, con probabilidad, que un jurado le declararía culpable. Y eso sin contar con la inestimable labor de los compañeros curiales del acusado a la hora de saber a quién preguntar o qué preguntar. Por poner un ejemplo distinto, ¿imaginamos que sea la misma familia de un acusado la que estuviera encargada de realizar una labor de investigación paralela con obligación de entregar los resultados y que tuviera consecuencias penales (penales, no solo civiles) la mera desidia en realizar esa investigación, la omisión de preguntar a algunos feligreses o la ocultación de información?

Como se ve, el levantamiento de la última barrera canónica –el secreto pontificio—lo veo adecuado, pero TIENE consecuencias. ¿Qué hacer en una situación así?

Honestamente, y mirando, sobre todo, a la conciencia, considero que el obispo tiene obligación, a la hora de hacer cualquier pregunta, de advertir, previamente, al sacerdote de que él –el obispo-- está obligado a entregar toda la información a las autoridades civiles, de manera que sea consciente de que se puede atener al código penal a la hora de dar sus contestaciones, aunque él sea el obispo.

Y si el obispo no le advierte de ello, el investigado puede obrar de ese modo justo, pues es la única defensa que le cabe ante una situación de “agresión jurídica” como la que se ha generado.

Antes había dos investigaciones paralelas, bajo dos autoridades distintas: la civil y la espiritual. Ahora esos dos ríos confluyen en el mismo lugar: el tribunal. Lo malo es que esta agresión jurídica va camino de invadir incluso el sacramento de la confesión.