Los dos últimos posts
pueden parecer que son fruto de una noche de insomnio en que me puse a divagar,
pero lo cierto es que es un punto que me ronda la cabeza desde hace meses: la
compleja relación entre los secretos (de cualquier tipo) y la democracia.
El correcto
funcionamiento de la democracia se basa en la transparencia. Ahora bien, es
cierto que tiene que haber secretos. Por supuesto que el gobernante corrupto va
a usar a los servicios secretos en su provecho y ocultará todo lo sucio bajo la
necesidad de salvaguardar los secretos oficiales.
Si observamos los golpes
de Estado en los años 60 y 70, veremos que los autores eran siempre los
pertenecientes al estamento militar. Pero si observamos el nacimiento de las
dictaduras en e entorno del año 2000, veremos que los autores siempre son los presidentes
del gobierno.
Por supuesto que esto
puede ser una fase transitoria, pero cualquier constitucionalista se da cuenta
de que es mucho más fácil dar un golpe de Estado desde el poder, con un gran
apoyo de la población, tras haber colocado a figuras claves en el Estado Mayor,
que intentar la subversión del orden constitucional con el único apoyo de unos
generales. Los golpes de Estado pueden provenir de uno u otro poder, pero es
más fácil hacerlo desde la cúspide del poder ejecutivo.
Por eso cualquier democracia,
la primera lección que debe enseñar a sus oficiales en las academias es que la
obediencia no es absoluta:
--Se obedece al presidente
de la nación dentro de la constitución.
--En caso de conflicto,
prevalece la obediencia a la constitución.
El problema es que si el
poder ejecutivo puede hacer los nombramientos en el Ejército, puede colocar a
militares dispuestos a pasar por encima de la carta magna.
La única solución es dotar
de algún medio al Ejército, a la policía y a los servicios de inteligencia para
ser decapitados y colocar una nueva cúpula. (A partir de ahora a las unidades
militares, las unidades de policía nacional y a los servicios de inteligencia los
llamaré EPI:). No se me ocurre mejor sistema para poder mantener la
independencia, para evitar la politización, para que los ascensos sean meritocráticos,
que el que ya he expuesto.
Los EPI obedecen al presidente,
pero como están al servicio del Estado, son los organismos del Estado los que
pueden cambiar esa cúpula si ellos mismos no se autorregulan adecuadamente. Para
eso es necesario que la ley determine que solo el EPI pueden hacer sus propios
reglamentos y normas, no el partido de turno que esté en el poder. Ahora bien,
el senado (un senado independiente como el que propugno) sí que podrá cambiar,
derogar o imponer leyes y reglamentos al EPI.
¿Y qué es lo que hay hasta
ahora en muchos países, como España? Los EPI obedecen al presidente y su ministro
del interior, el presidente puede cambiar a los integrantes de la cúpula de
estos cuerpos, y el presidente (a través de aquellos a los que ha nombrado)
puede cambiar la parte de los reglamentos que considere oportuno. Sé que a esto
hay que hacer algunos matices (que no desconozco), pero en esencia los EPI
están en manos del presidente. Eso es un peligro para todos. No ocurren más
cosas porque, en general, los presidentes no son malvados villanos.
Lo que propugno es que no
solo haya una verdadera división de poderes entre el presidente y el senado,
sino también con los defensores de la ley: eso reforzaría claramente la solidez
de la democracia. Y repito que las EPI estarían bajo supervisión del congreso y
el senado; es decir, el control estaría en manos de los representantes del
pueblo (congreso) y de la cámara que representa a las instituciones (el
senado). (El senado sería así es en el sistema que propugné en una obra mía).
Lo que es un peligro es
que el poder ejecutivo tenga pleno poder sobre la ley (el senado) y los
defensores de la ley (el EPI), y mayoría absoluta en el congreso. Eso es una receta
para el desastre. No ocurren más desastres en nuestras democracias occidentales
porque no han llegado villanos a la cúspide del poder con todos los elementos
de la receta en su cesta.
